Resumen: Se alega falta de legitimación activa, al considerar el arrendatario que el actor no acredita la titularidad de la vivienda, siendo desestimada por el Tribunal esta alegación, al haberse aportado nota simple registral que no fue impugnada y además porque en los procesos arrendaticios la legitimación la tiene el arrendador y en este caso el demandante figura como tal en el contrato y ha sido a quien el demandado ha estado pagando la renta. En cuanto a la negociación de una prórroga del contrato, consta en el procedimiento que se inició negociación a través de los servicios sociales de Parla, si bien propusieron el incremento de la renta y el arrendatario no lo aceptó, por lo que no puede considerarse probado que exista prórroga, venciendo el contrato una vez transcurrido el plazo mínimo legalmente establecido, según fecha de contrato, que en este caso estaba vencido cuando se presentó la demanda y está probado que la parte actora remitió en plazo comunicación, manifestando su voluntad de no prorrogar.
Resumen: Publicista y consultor político insta la tutela de su honor, por considerarlo vulnerado a resultas de varios artículos periodísticos que le achacaban haber contribuido a manipular una campaña electoral mediante una campaña de intoxicación dirigida a desmovilizar a los votantes de izquierdas. La demanda fue parcialmente estimada en apelación, donde se apreció la existencia de una intromisión ilegítima en el honor del demandante. El TS estima el recurso del medio demandado y desestima la demanda. Inexistencia de óbices de admisibilidad: en el nuevo régimen legal, las infracciones procesales -como son las probatorias- también pueden denunciarse en casación. No obstante, no concurren los requisitos para que la sala pueda revisar la valoración probatoria del tribunal sentenciador: la decisión de no dar credibilidad a unas declaraciones testificales de personas que tienen interés en el asunto puede no compartirse pero no puede tacharse de irracional, arbitraria o constitutiva de error patente. Honor vs libertades de información y expresión. En los artículos se hacen juicios de valor asentados en sobre una base fáctica en que la empresa del demandante diseñó y promovió estas actuaciones cuando asesoraba a un determinado partido político en dos campañas electorales, tratándose de una cuestión de interés general. Forma parte de la libertad de prensa formular conjeturas, así como creer lo que declaran determinadas personas o no hacerlo. Inexactitudes circunstanciales
Resumen: La controversia radica en determinar quién debe responder por las operaciones de pago no autorizadas, en tanto que realizadas por un tercero que, utilizando las credenciales del usuario que ha obtenido por cualquier medio, suplanta su identidad y accede electrónicamente a su cuenta sin su consentimiento. Delimita qué debe entenderse por «operaciones de pago no autorizadas», si, en general, las que han sido realizadas por un tercero sin el consentimiento del usuario titular de la cuenta, o, exclusivamente, las efectuadas sin seguir el procedimiento legal y contractualmente fijado. En el caso, nos encontramos, de un lado, ante una conducta diligente del titular de la cuenta, que informó, inmediata y reiteradamente, al personal de la entidad de lo que estaba sucediendo, cumpliendo la obligación que expresamente le imponía la normativa comunitaria y nacional; y, de otro lado, ante un servicio que se presta defectuosamente por el proveedor, tanto por no tomar en consideración la información recibida pese a su gravedad, como por omitir la adopción de medidas que posibilitaran la detección de eventuales maniobras fraudulentas. En caso de que el usuario niegue haber autorizado una operación de pago ya autorizada, el cumplimiento de las obligaciones relativas a la autenticación, registro y contabilización de la operación de pago fue autenticada, no exime de responsabilidad al proveedor de servicio.
Resumen: Entre partes se concertó contrato de asesoramiento jurídico, que incluía el asesoramiento general respecto de la actividad ordinaria de la compañía y quedaban excluidas labores de asesoramiento en materia fiscal, laboral y contenciosa y cualquier otra que excediera del ámbito del día a día de la sociedad, habiendo percibido mensualmente la cantidad pactada y reclama ahora la actora una cantidad que se corresponde con horas incurridas en determinados meses. La suma reclamada se refiere a servicios que debían minutarse de forma separada, debiendo probarse la efectiva realización del servicio por la parte actora y en este caso ante la oposición de la demandada, la actora se limita a señalar que se refiere a servicios prestados, pero sin acreditarlo, por lo que siendo carga de la prueba que a ella se le impone, se estima el recurso y se desestima la demanda.
Resumen: Dos hijos ejercitan la acción de nulidad del testamento otorgado por su padre por falta de capacidad y subsidiariamente impugnan la disposición que les deshereda por causa de malos tratos y ausencia de relación familiar. La primera acción se desestima porque no se acredita que el testador tuviese al momento de testar enervadas sus capacidades volitivas e intelectivas. También se desestima la acción subsidiaria en primer lugar por estar caducada al transcurrir cuatro años incluso contando el plazo añadido por razón de la suspensión por COVID-19. Además esta justificada la causa toda vez que el mismo día del testamento, previamente a su otorgamiento el testador en previsión que los hijos lo impugnasen emitió ante Notario un acta de manifestaciones explicitando con todo detalle los actos integrantes de los malos tratos así como denunciando la falta de relación no interesándose los actores pro su padre incluso por operaciones quirúrgicas y estancias hospitalarias hechos refrendados por los testigos.
Resumen: Demanda de una administración concursal en reclamación de cantidad por servicios impagados. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Fue apelada por la demandante y la Audiencia estima en parte el recurso. En este caso, la concursada ejercita en su demanda una reclamación del derecho a la retribución convenida por los servicios prestados en el marco del contrato con la demandada en el año 2009. Los servicios cuya retribución convenida se reclaman son los correspondientes a los cuatro trimestres de 2017, posteriores a la declaración de concurso. Las cantidades que la demandada pretendía descontar afloraron también con posterioridad a la declaración de concurso, en el marco de ese mismo contrato de tracto sucesivo y en el periodo correspondiente a la reclamación formulada por la concursada demandante. El derecho de la demandada a reclamar estas cantidades no podría considerarse concursal, por haber nacido después del concurso, razón por la cual su compensación con la cantidad reclamada por la concursada no estaría afectada por la prohibición de compensación del art. 58 LC. Las cantidades que la demandada pretendía fueran descontadas a la suma reclamada por la concursada demandante tenían su origen en la misma reclamación contractual, un contrato de mantenimiento y gestión de explotaciones. En estos casos, la jurisprudencia entiende que nos encontramos ante una liquidación de créditos y deudas surgidas de una misma relación contractual. Se estima en parte.
Resumen: En la instancia se declara que el terreno inscrito a nombre de la demandada está comprendido dentro de un Monte de Utilidad Pública de carácter demanial, propiedad del demanio forestal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a favor de la cual debe inscribirse el dominio. Apela la entidad demandada, y por la Sala se desestima el recurso de apelación en el que se cuestiona fundamentalmente la valoración de la prueba respecto a los requisitos para el éxito de la declaración de dominio. La Audiencia comparte el criterio valorativo del juzgador de primer grado en cuanto al título dominical, que se justifica con la expropiación de la parcela desde 1976, y su identidad, con la inclusión en el catálogo de montes y afección posterior a fines públicos. La Asociación demandada ha obrado en la creencia de ser la titular de los terrenos, que ha entendido transmitidos de generación en generación hasta llegar a su donante, por lo que no aprecia mala fe que permita acceder a la petición indemnizatoria por frutos y rentas formulada por la actora.
Resumen: Reclamación del pago del precio de la venta de un vehículo y costes de cobro. Se discute la existencia del contrato, no hay constancia escrita del contrato de compraventa ni prueba del precio pactado. Sin embargo, en la contestación a la demanda, la parte demandada solo manifestó su disconformidad con el origen de la deuda sin aportar una explicación alternativa ni un contrato distinto que justificara la transmisión del vehículo, hecho que se reconoce como probado al haberse transferido la titularidad. En apelación, la demandada modifica su postura admitiendo la compraventa y alegando que el precio se pagó pero esta alegación nueva no puede ser admitida en esta fase procesal. La prueba practicada acredita la transmisión del vehículo, la contratación del seguro por parte del demandado, la emisión de una factura real incluida en la declaración fiscal y varios pagos parciales que hacen evidente que el precio pactado fue el reflejado en la factura. La falta de protesta o impugnación previa por parte del demandado sobre la factura y los pagos parciales refuerzan la validez de la reclamación.
Resumen: Responsabilidad por una avería en el motor atribuida a una incorrecta colocación de la correa de distribución tras su sustitución. La sentencia de instancia consideró que la sucesiva intervención de varios talleres impedía establecer un nexo causal directo entre la reparación realizada por la demandada y el daño sufrido, ocurrido más de un año después. Se analiza el contrato de obra y la normativa de defensa de consumidores, destacando que la garantía legal para faltas de conformidad es de dos años, con presunción de existencia del defecto en los primeros seis meses. Se constató que la demandada sustituyó la correa y garantizó la reparación durante doce meses, y que posteriores intervenciones en otros talleres no corrigieron el error de calaje, detectado y subsanado finalmente por el último taller consultado. Se concluyó que la demandada incurrió en negligencia al no colocar correctamente la correa, incumpliendo su obligación contractual y causando los problemas en el motor, pero que no procede extender la responsabilidad a los trabajos facturados por terceros, que deberán ser reclamados individualmente si se considera su negligencia.
Resumen: Se plantea si el acuerdo societario de aumento de capital social como elemento de financiación de la sociedad, en el que dicho aumento también contempla la conversión de créditos en capital, si es o no válido por infringir un Acuerdo entre socios que requería para ese tipo de operaciones la unanimidad. Lo que obliga a distinguir entre pacto parasocial y pacto societario. El primero un contrato asociativo, distinto del contrato social, que no se integra en el ordenamiento de la persona jurídica (sociedad anónima o limitada), de forma que despliega sus efectos en el ámbito de las relaciones obligatorias de quienes lo celebran. Se ha de partir del hecho que los pactos parasociales no son inválidos por contravenir las normas del tipo societario (prohibición de la unanimidad o del voto plural) sólo lo son si atentan contra valores sustantivos del entero sistema. Considera la Audiencia que el incumplimiento de la unanimidad no hace nulo el acuerdo aprobado por el 66% del capital; pero sí obliga a los incumplidores del pacto a indemnizar los perjuicios que hubieran causado a la contraparte, no a adoptar otro acuerdo. El aumento de capital por compensación de créditos exige la existencia de un informe específico sobre la corrección de los datos que dan pie a la convocatoria de ese aumento de capital. Informe cuya prueba de sus existencia le compete a la sociedad, a fin de superar el "test de relevancia" sobre el carácter esencial de la información para ejercitar el derecho de voto.
